La diputada federal panista por Guanajuato, Michelle Márquez, presentó una iniciativa de reforma a la ley para tipificar esta práctica como un delito e imponer sanciones de 8 hasta 15 años de prisión para quien lo cometa o lo propicie.
Se trata de dos reformas a la Ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes, en su artículo 45 agregando dos párrafos: el primero que establece la coordinación de los tres órdenes de gobierno para medidas integrales para la protección de los menores ante estas prácticas y el segundo para implementar medidas afirmativas en los casos de menores que vivan en comunidades indígenas, sean afrodescendientes o presenten alguna discapacidad, también se tipifica el delito y se establece la sanción correspondiente.
Se considerará que el delito es cometido por aquellas personas que induzcan, coaccionen u obliguen, soliciten o gestionen la unión de Los menores con o sin su consentimiento con alguien que sea de su misma condición o mayor de edad para convivir en una forma equiparable y constante a la de un matrimonio. Las penas irían de 8 a 15 años de y de 1000 a 2500 días multa, si las víctimas pertenecen a una comunidad indígena está pena se incrementaría hasta por la mitad