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A un año, falta de justicia cabal en caso Tlatlaya: abogado. Con Ciro Gómez Leyva

Además de señalar que la justicia avanza lento en el caso Tlatlaya, el abogado Santiago Aguirre señaló que el llevar un doble juicio -militar y civil-, podría derivar en conclusiones que se contrapongan.



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A un año, falta de justicia cabal en caso Tlatlaya: abogado. Con Ciro Gómez Leyva

Ahora que se cumple un año del presunto enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, donde según peritajes se ha demostrado que elementos del Ejército mexicano fusilaron a 11 personas, el subdirector del Centro de Defensa de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, considera que en este caso aún hay pendientes.

Aguirre, quien también es abogado de Julia, testigo de lo que ocurrió en aquella bodega de Tlatlaya; lamentó que a un año “tenemos a la CNDH diciendo que el número de víctimas ejecutadas ascendería a 12 o 15 personas y tenemos en contra a una Procuraduría General de la República que sólo ha reconocido la ejecución de ocho personas”.

Agregó que hay causas paralelas, es decir, se sigue un juicio militar y uno civil, “esto supone en una situación en donde podrían, de los distintos procesos, arrojar posiciones incluso contrapuestas”, lamentó.

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, el abogado Aguirre lamentó “la falta de justicia cabal” a un año de los hechos de Tlatlaya. Por ejemplo, en el Juzgado Primero de Distrito en materia Penal, donde juzgan a los militares por lo ocurrido en el Estado de México hace un año, el caso avanza de forma lenta; se han retrasado las audiencias y los militantes han cambiado tres ocasiones de abogados.

Santiago Aguirre adelantó que este jueves a las 11:00 horas se dará a conocer un balance de lo que ha ocurrido durante este caso.

Al tocar el caso de Julia, nombre que se le dio a la testigo de estos hechos, el abogado señaló que se vive un momento difícil, entre otras cosas por el manejo de la reparación del daño, pues se ha expuesto “a las familias de las personas que han reconocido como víctimas”.

Asimismo, negó que las familias de las víctimas hayan recibido sumas millonarias, lo que las hace vulnerables a casos de extorsión.

En el caso particular de Julia, el abogado reconoció que, entre las medidas cautelares, el gobierno federal le ha brindado protección; con un grupo de escoltas y videovigilancia en su domicilio.

Ante la demanda de una “justicia permanente”, destacó el abogado, “de todas las familias, es un poco el empuje de Julia el que permite que hoy sigamos diciendo que Tlatlaya es un caso abierto”.

jgam



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