Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que la madrugada del 11 de noviembre militares tocaron a la puerta de la casa de la señora Mercedes Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, “algunos la encañonaban, otros estaban dispersos por la calle... le indicaron que investigaban algo relacionado con un auto blindado, vendido hace dos años por un sobrino suyo quien lo blindó tras el asesinato de Ricardo Murillo, hermano de Mercedes”.
Cabe precisar que el Frente Cívico Sinaloense es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos con amplio reconocimiento en la comunidad sinaloense. Desde 1993 defiende la dignidad humana denunciando los abusos y la injusticia en Culiacán y otros puntos del Estado.
“La labor del Frente Cívico Sinaloense ha sido crítica con la labor de las Fuerzas Armadas que en el estado tiene una fuerte presencia realizando labores de seguridad pública, específicamente en el combate al tráfico de drogas, pero también recordemos que el Frente Cívico Sinaloense participó junto con el Centro Pro en el caso de los civiles que viajaban en una camioneta y fueron asesinados por militares en Sinaloa, caso que fue llevado a la SCJN”.
De acuerdo a Arriaga Valenzuela, en entrevista con Ricardo Rocha, la actividad del Frente Cívico Sinaloense ha sido crítica pero a la vez necesaria, pues ha constituido un referente indispensable en las actuales circunstancias vividas en Sinaloa.
“Teniendo de vista lo anterior resulta muy fundada la denuncia de los defensores de derechos humanos quienes señalan que no hay actualmente en México condiciones para ejercer su actividad con libertad y con garantías de seguridad”.
Asimismo, destacó que en este año se han realizado diversos foros donde se ha analizado, reflexionado e incluso denunciado el clima de hostigamiento contra los defensores. Uno de ellos en Chilpancingo, en el marco del asesinato de dos defensores indígenas.
lmm
