Detienen a ex militares por ejecución de 558 indígenas en Guatemala


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6 de Enero, 2016

    

El Ejército, como parte de una feroz campaña antisubversiva, y con autorización de gobiernos autoritarios y dictaduras, atacó a comunidades indígenas con el pretexto de que apoyaban a la guerrilla.

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Guatemala.- El Ministerio Público (MP) cumplió hoy órdenes de captura contra 14 prominentes militares retirados, presuntos responsables de la ejecución de 558 civiles no combatientes en la pasada guerra interna guatemalteca (1960-1996).

La fiscal general y titular del MP, Thelma Aldana, dijo en rueda de prensa en la sede de la institución que los 14 detenidos son acusados de desaparición forzada y delitos de deberes contra la humanidad, en hechos ocurridos entre 1981 y 1988.

El conflicto armado interno, que finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), causó más de 200 mil muertos y desaparecidos en los 36 años que duró la guerra civil.

El Ejército, como parte de una feroz campaña antisubversiva, y con autorización de gobiernos autoritarios y dictaduras, atacó a comunidades indígenas con el pretexto de que apoyaban a la guerrilla.

Aldana informó que las órdenes de aprehensión, autorizadas por un juez competente, fueron realizadas esta mañana en 29 allanamientos cumplidos en inmuebles de los departamentos de Guatemala y de Alta Verapaz (norte).

Aclaró que las 558 osamentas, de las que 97 han sido identificadas por medio de exámenes de ADN, corresponden a personas de la "población civil no combatiente" que fueron secuestradas y ejecutadas por el Ejército y las entonces fuerzas paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Dijo que la investigación del caso lleva varios años, pero se reactivó a partir de la sentencia emitida en 2012 contra ocho militares y ex PAC, condenados cada uno a siete mil 710 años de prisión por la ejecución extrajudicial de 224 civiles en la aldea indígena Plan de Sánchez.

En la sentencia por dicha masacre, ocurrida el 18 de julio de 1982, se ordenó investigar las denuncias derivas de este caso sobre cementerios clandestinos en la entonces Zona Militar 21 de Cobán, capital del departamento de Alta Verapaz.

La fiscal general indicó que personal especializado de la entidad no gubernamental Instituto de Antropología Forense y del MP, realizó 14 excavaciones en el destacamento militar y en cuatro fosas encontraron las 558 osamentas de hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad.

El titular de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, Orlando Salvador López, consideró que se trataría del mayor caso de desapariciones forzadas (558 personas) en América Latina.

Detalló que las osamentas presentan impactos de arma de fuego e "impactos contundentes" en cabeza y tórax, y que los restos tenían pedazos de tela alrededor de los ojos, mordazas y lazos en cuello y manos.

Entre los detenidos figura el general retirado Benedicto Lucas García, hermano del fallecido ex presidente, general Romeo Lucas García (1978-1982), señalado de crímenes de lesa humanidad.

Explicó que el general Lucas García, como jefe del Estado Mayor de la Defensa, era el responsable de las comandancias militares y fue acusado por su papel en la cadena de mando relacionada con los ataques contra la población civil no combatiente entre 1981 y 1988.

El general retirado Francisco Luis Gordillo Martínez, ex comandante del destacamento militar de Cobán, y Byron Barrientos, ex ministro de Gobernación del presidente Alfonso Portillo (2000-2004), oficial de inteligencia del Ejército que se desempeñó en el destacamento, también fueron capturados.

"El caso no concluye acá, se seguirá investigando", afirmó la jefe del MP, quien dijo que otros militares en retiro y miembros de las extintas PAC son indagados en relación con los cementerios clandestinos de la entonces Zona Militar 21.

Al respecto, informó que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia un proceso de antejuicio (retiro de la inmunidad) contra el diputado electo Edgar Justino Ovalle Maldonado.

El legislador electo en los comicios del 6 de septiembre pasado, como miembro de las PAC –como comisionado civil del Ejército- habría participado en las desapariciones forzadas del caso del destacamento militar de Cobán.

Ovalle Maldonado es secretario general adjunto del próximo partido oficial, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, quien asumirá el próximo 14 de enero.

Notimex