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Sostiene la AMEDI que la grave concentración en el sector y sus permanentes conflictos son producto de la ausencia de una auténtica política de telecomunicaciones. A falta de ella, el gobierno federal toma decisiones parciales, ceñido a conveniencias coyunturales y no al interés público.

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), indicó que el conflicto desatado entre MVS y el Gobierno Federal por el inicio del procedimiento de rescate de la banda 2.5 Ghz, es un llamado al nuevo Congreso de la Unión para que establezca condiciones para una reforma integral en el régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en el marco de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares internacionales en la materia.

Mediante un comunicado, la AMEDI, externó que en este conflicto el que más pierde es el país, por ello, es momento de que las telecomunicaciones funcionen para todos y no solamente como recurso o instrumento político de unos cuantos.

Asimismo, señaló que la disputa entre MVS y el Gobierno sólo pone en evidencia lo que diversos sectores de la sociedad han denunciado respecto a la falta de transparencia, discrecionalidad y uso faccioso del marco jurídico actual en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que impide la existencia de una política pública que responda al interés general.

Y es que de acuerdo con la AMEDI, el diferendo entre los intereses privados de una importante empresa y la auto defensa política de la Presidencia de la República acusan la práctica de supeditar los refrendos de las concesiones a negociaciones de orden político.

Además, exigir la disculpa pública de la periodista Carmen Aristegui como condición para la prórroga de las concesiones constituye una forma de extorsión que resulta inaceptable, pues la utilización de la banda de 2.5 Ghz como recurso para amagar a un medio de comunicación confirma el empleo faccioso que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha hecho del espectro radioeléctrico.

De igual forma, agregó que si MVS quería seguir utilizando esas frecuencias, sin duda tenía que pagar por ello; ya que no habría sido admisible que pagase menos que otros operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, señaló, el gobierno federal no estableció parámetros claros para calcular el precio de la banda de 2.5 Ghz. Todavía hoy, en medio de la guerra de declaraciones incómodas para todos sus protagonistas y sumamente reveladoras para la sociedad, no sabemos con certeza cuáles fueron los criterios para establecer el monto de la contraprestación establecida, aún cuando en otros países con realidades más cercanas a nuestro país como Chile y Brasil pueden ser una referencia al respecto.

Asimismo, agregó que las develaciones y acusaciones sobre esa negociación, injustificadamente extensa, dan cuenta del uso y el abuso político con las frecuencias radioeléctricas, patrimonio nacional que no debe estar sujeto a negociación.

Además, la grave concentración en el sector y sus permanentes conflictos son producto de la ausencia de una auténtica política de telecomunicaciones. A falta de ella, el gobierno federal toma decisiones parciales, ceñido a conveniencias coyunturales y no al interés público.

De manera que esta decisión, sustentada en criterios económicos respecto a una contraprestación no cubierta, contrastan frontalmente con los esgrimidos por el propio gobierno federal en la Licitación 21, cuando pretendió minimizar en extremo cualquier relevancia a los criterios económicos, tomando como base supuestas condiciones de competencia.

La errática conducta del gobierno federal no sólo da cuenta de la falta de una política que promueva la competencia e incentive la pluralidad sino que afecta directamente las posibilidades de usar las llamadas nuevas tecnologías como una vía para el ejercicio de las libertades de información y expresión, así como para inhibir la competencia y mejores servicios para la sociedad.

Por otra parte, señaló que el silencio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en este proceso es altamente significativo pero no resulta extraño, ya que su insolvencia para regir la asignación de frecuencias es resultado de sus atribuciones y autonomía limitadas pero, también, de la insuficiente vocación reguladora de sus comisionados.

Pues con el mismo desparpajo con que se apartaron de las decisiones sobre la banda de 2.5 Ghz, han condescendido una y otra vez a las exigencias de Televisa, a cuyas pretensiones se ha subordinado tanto esa autoridad como el gobierno federal mismo, por lo tanto, el requerimiento para que a MVS se le impidiera renovar las concesiones de la banda de 2.5 Ghz surgió, precisamente, de las oficinas de Televisa.

Debe recordarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en su sentencia que "tratándose de la administración de servicios de telecomunicaciones, adicionalmente el Máximo Órgano de Justicia ha sostenido que el acceso, operación y administración de estos servicios debe otorgarse de manera transitoria y plural a fin de evitar la concentración del servicio en grupos del poder, resultando de vital importancia que el Estado, como rector de la economía nacional y garante de la libertad de expresión y el derecho a la información, evite el acaparamiento masivo de los medios de comunicación". Nada se eso hemos visto en la administración por concluir.

Asimismo, subrayó que la discrecionalidad y opacidad también son resultado del insuficiente régimen legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión, producto de una omisión legislativa inaceptable que mantiene vacíos y atrasos jurídicos permisivos para que los grupos dominantes de las telecomunicaciones y la radiodifusión sigan imponiendo sus intereses.

Agregó que la preservación de cauces privados para dirimir asuntos de interés nacional, el empleo de frecuencias radioeléctricas como instrumentos de canje político y la carencia de criterios incontestables para determinar el precio de esa y otras bandas del espectro radioeléctrico, así como la inentendible utilidad pública de ejecutar la acción de rescate a meses de que esta administración termine, ratifican la necesidad de una legislación y de políticas públicas coherentes, actuales y completas para las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Y es que de acuerdo con AMEDI, es de llamar la atención que ahora la SCT esgrima que el rescate de la banda lo hace atendiendo las recomendaciones internacionales, cuando ha sido omisa ante un sinnúmero de recomendaciones de organismos internacionales para revertir la concentración de medios electrónicos y servicios de telecomunicaciones que tanto afectan al país.

Finalmente, destacó que en el extenso litigio entre el gobierno y MVS se ha reiterado la relevancia que tiene el trabajo profesional de Carmen Aristegui, una voz indepediente que resulta indispensable y que ha contribuido de manera sustancial a la pluralidad informativa. Sin soslayar las apreciaciones críticas que en algunas ocasiones puedan tenerse sobre su trabajo, la labor cotidiana que ella y su equipo hacen es una aportación que ensancha los vericuetos de la democracia mexicana, razón por la cual irrita tanto al poder.

dcv