Un gobierno decente debe difundir cifras de muertos: Gallo. Con Ciro Gómez Leyva
Reuters
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17 de Agosto, 2012
"Cualquier gobierno que se precie de decente, por utilizar un vocablo, de dar cifras, de rendir cuentas de ser transparente es su obligación dar estas cifras, no es lo propio esconderlas a menos que queramos pensar mal y tenga una intencionalidad ex profeso ese esconder las cifras", señaló.
El activista Eduardo Gallo aseguró que es obligación del gobierno federal dar a conocer las cifras de ejecuciones que se cometieron durante el presente sexenio.
"Cualquier gobierno que se precie de decente, por utilizar un vocablo, de dar cifras, de rendir cuentas de ser transparente es su obligación dar estas cifras, no es lo propio esconderlas a menos que queramos pensar mal y tenga una intencionalidad ex profeso ese esconder las cifras", señaló.
Calificó como curioso que las cifras estuvieron sobre la mesa y se actualizaran desde el 2010 con el interés del gobierno que convocó a varias organizaciones de la sociedad civil y ahora contrasta que Jaime López Aranda, quien en ese entonces formaba parte de las organizaciones invitadas, sea quien haga el anuncio.
Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, recordó que en ese momento el gobierno los invitó a conocer los criterios que estableció para regir si un crimen había sido cometido por la delincuencia organizada.
Aclaró que él no estuvo de acuerdo en que se impusieran criterios sin investigar, "estuvimos de acuerdo en que había que establecer premisas iniciales para considerar cuándo un crimen había sido cometido por la delincuencia organizada como un grado de probabilidad muy cercano a la realidad, no para determinar si la víctima pertenecía o no a la delincuencia organizada".
En su momento -recordó- se aclaró que la víctima como tal "era víctima, no nos interesaba si había sido o no integrante de la delincuencia organizada, sino si el crimen lo había cometido o aparentemente había sido esa la situación.
El activista recordó que así se había estado manejando la cifra y "de repente un día dijeron que todos los criterios que utilizamos están mal. Yo recuerdo que las bases de datos que nos proporcionaron que habían sido elaboradas por las procuradurías estatales tenían en muy pocos casos, los nombres de las personas, pero tenían la descripción de la persona, la edad aproximada, sexo, lugar en donde la encontraron y que tipo de muerte había sufrido".
Incluso si había indicios en el sentido sobre si había sido torturado, y si el crimen estaba involucrado, es decir una serie de conceptos que fueron los que sirvieron durante dos años y medios para elaborar las cifras y hacerlas oficiales.
Comentó que el gobierno federal venía trabajando en esta base de datos no desde 2010, sino desde 2006 "y que ahora digan que no".
"La sospecha, dijo, es menos grave que la realidad" y quizá por eso es que se omiten las cifras.
Dijo que de acuerdo con diversas organizaciones civiles hay entre 10 mil y 15 mil desaparecidos y esas cifras no forman parte de los datos oficiales; ni de los medios, ni del gobierno y mencionó el caso de Coahuila en donde se tienen documentados 250 casos de desaparecidos que no están en ninguna cifra oficial.
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