Siito

Al presentar el noveno Informe de Labores 2011 del IFAI, la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard destacó que diez años la Ley Federal de Transparencia han servido para demostrar que la democracia ya no es concebible sin la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en todos los ámbitos del poder.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), toma la palabra a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y propone una reforma que consolide la transparencia y la rendición de cuentas, y permita trascender hacia una auténtica política de Estado en la materia.

La comisionada presidenta del IFAI, afirmó que "la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables en una democracia; no pueden seguir siendo parte de la simulación de algunas autoridades que solamente recurren a ellas en el discurso, pero que, en los hechos, cultivan y promueven la opacidad".

Al presentar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el noveno Informe de Labores 2011 del IFAI, Peschard expuso a senadores y diputados de la representación popular que el Instituto ha estado atento a los pronunciamientos que representantes y legisladores de las diferentes fuerzas políticas han venido manifestando respecto a la necesidad de avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas en todo el país.

"No podemos estar más de acuerdo con ello", dijo, y recordó que hace un año, al presentar el informe de actividades correspondiente a 2010, subrayó la urgencia de dar los pasos necesarios para consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en la federación y de homologarlas con los estados y los municipios.

"Hoy refrendamos esa convicción", dijo Peschard y reiteró la voluntad del IFAI de contribuir con la experiencia acumulada a lo largo de los años y trabajar de la mano de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para la aprobación de las reformas que nos permitan trascender como país hacia una auténtica política de Estado en la materia.

"Una política de Estado que coloque a la transparencia y la rendición de cuentas como elementos prioritarios, capaces de aportar, de manera decisiva, en la construcción de un México más justo y verdaderamente democrático", puntualizó.

Peschard mencionó que en diez años, el derecho a la información se ha socializado y ha germinado en el país una masa crítica de periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que promueve el avance de la transparencia y ha contribuido a elevar el nivel de exigencia de la sociedad sobre los poderes públicos, de suerte que hoy existe un clamor por transitar hacia una efectiva rendición de cuentas del Estado mexicano.

Ello implica, señaló, no sólo la responsabilidad del gobierno frente a una gestión pública eficaz y legítima, sino trabajar por un cambio en la relación entre gobernados y gobernantes, catapultado por una ciudadanía mejor equipada para ejercer plenamente sus derechos, así como las obligaciones derivadas del ejercicio de los mismos.

En suma, diez años de vigencia de nuestra Ley Federal de Transparencia han servido para demostrar que la democracia ya no es concebible sin la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en todos los ámbitos del poder.

Respecto a las tareas desarrolladas en 2011, mencionó que el IFAI tramitó cerca de 124 mil solicitudes de información recibidas por la Administración Pública Federal y resolvió más de 6 mil recursos de revisión presentados por los propios solicitantes.

También dijo que 2011 fue un año de grandes retos para el IFAI, pues a fin de asumir cabalmente las nuevas encomiendas derivadas de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, promulgada en julio de 2010, debió llevar a cabo una restructuración a fondo de su diseño organizacional.

La comisionada presidenta refirió que en 2011, el Instituto ganó reconocimiento internacional y que en esta proyección destaca la incorporación del IFAI, a invitación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como miembro promotor de la Alianza por el Gobierno Abierto y, posteriormente, como miembro de su Comité Directivo
De acuerdo con un comunicado, el Informe fue entregado por la comisionada presidenta y las comisionadas y comisionados Sigrid Arzt, María Elena Pérez-Jaén, Ángel Trinidad Zaldívar y Gerardo Laveaga, al presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senador José González Morfín.

En el 9º Informe de Labores 2011, entregado al Congreso de la Unión, se establece que el nivel de cumplimiento de las resoluciones con instrucción que emite el Instituto registró un promedio acumulado de 99.1 por ciento, entre 2003 y 2011.

En ese periodo, el Instituto notificó a las Unidades de Enlace de las dependencias o entidades 12 mil 604 resoluciones con instrucción, de las cuales 12 mil 502 ya fueron cumplidas.

De 2004 a 2011, el Instituto ha presentado un total de 77 denuncias por incumplimiento, 18 ante el Órgano Interno de Control (OIC) competente y 59 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A la fecha, todas las denuncias presentadas ante los OIC han sido resueltas; en seis de ellas se determinó la imposición de sanción administrativa y 12 concluyeron por falta de elementos.

Por su parte, la SFP tiene pendientes de resolver 21 denuncias, esto es, ha resuelto un total de 38 denuncias, 36 de las cuales concluyó por considerar que no existían elementos suficientes para acreditar responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento, mientras que en las dos restantes resolvió imponer sanción a los servidores públicos responsables.

Corresponde a la SFP establecer la responsabilidad de los servidores públicos que incumplen con la normatividad en materia de acceso a la información y, en su caso, determinar las sanciones procedentes.

De manera reiterada, la SFP ha sido omisa en considerar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el solo incumplimiento a una resolución emitida por este Instituto debe ser considerado como grave para efectos de su sanción administrativa.

Desde la entrada en vigor de la LFTAIPG hasta el 31 de diciembre de 2011, el Poder Ejecutivo Federal recibió un total de 735 mil 170 requerimientos de información. Durante 2011, el número de solicitudes de información ingresadas a las dependencias y entidades de la APF fue de 123 mil 293, cifra que representa un incremento de 0.9 por ciento con respecto a la alcanzada en 2010.

Al 5 de julio de 2012, ingresaron 68 mil 294, lo que da un acumulado de 803 mil 464.

Además de los anteriores y otros datos, el informe da cuenta de las diversas estrategias y acciones que se han adoptado para enfrentar los retos actuales en el contexto nacional e internacional.

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