También pidieron a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y PGR un reporte sobre la actuación e instrumentación de los Protocolos sobre Uso de la Fuerza y Detención de Personas presentados por el presidente Felipe Calderón.

México.- La Comisión Permanente dio un plazo de 10 días hábiles para que los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República presenten un informe sobre el flujo de recursos y operación de la Iniciativa Mérida, desde enero de 2011 hasta mayo de 2012.

Ello, en cumplimiento del Estado mexicano de un conjunto de estándares internacionales en materia de derechos humanos, según el dictamen avalado por los legisladores durante la sesión de este martes.

También pidieron a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y PGR un reporte sobre la actuación e instrumentación de los Protocolos sobre Uso de la Fuerza y Detención de Personas presentados por el presidente Felipe Calderón.

El órgano legislativo indicó que en el Reporte Anual 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos se establece una retención de 15 por ciento de los recursos acordados con México en la Iniciativa Mérida, por el cumplimiento del respeto a derechos humanos por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Por ello, es muy importante que la Comisión Permanente cuente con la información precisa y puntual proporcionada por quienes tienen a su cargo directamente el combate a las bandas criminales de alto impacto, aseveró.

Al hablar a favor del dictamen, el senador priista Carlos Jiménez Macías aseguró que la Iniciativa Mérida no "puede ser un pretexto para permitir" que esa nación emita "ciertas regulaciones" en el tema a las autoridades mexicanas.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), la senadora Adriana González se pronunció contra "esta nueva certificación" impulsada por el Congreso estadunidense, pues existe "falta de aplicación de la justicia" en casos como el de Anastasio Hernández, asesinado a golpes por un agente migratorio estadunidense.

"No son los Estados Unidos quienes nos van a venir a decir quiénes y cómo se violan o no los derechos humanos en nuestro país", aseveró.

En nombre del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el senador Tomás Torres se sumó al repudio del intervencionismo de la Unión Americana.

También exigió al Congreso de México establecer mecanismos de control en materia de política exterior, particularmente en la revisión preliminar de los acuerdos internacionales.

"Está bien que se repudie el intervencionismo de Estados Unidos, lo que no está bien es que el Congreso no reconozca su responsabilidad", asentó el legislador.

A su vez, el diputado Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo, insistió en una reforma constitucional para que los tratados internacionales sean aprobados por el Congreso en su conjunto y las legislaturas estatales, además de someterlos a referéndum ciudadano.

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