Organizaciones de la sociedad civil, apicultores y campesinos de la Península de Yucatán y Chiapas, interpusieron en sus estados un amparo en contra del permiso otorgado por la Sagarpa a la empresa Monsanto.

Organizaciones de la sociedad civil, apicultores y campesinos de la Península de Yucatán y Chiapas, interpusieron en cada uno de los estados un amparo en contra del permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la empresa Monsanto.

Esto para una superficie potencial de siembra de 253 mil 500 hectáreas, en etapa comercial de soya genéticamente modificada, en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.

De acuerdo con un comunicado, representantes de agrupaciones campesinas y apicultores solicitaron el amparo y protección de la justicia federal por violaciones al marco constitucional y a tratados internacionales al "vulnerar los derechos humanos a gozar de un medio ambiente sano, al trabajo y a la consulta pública para los pueblos indígenas".

Así como por la inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, al no regular de manera adecuada el principio precautorio ni una verdadera participación de las comunidades indígenas cuando puedan ser afectadas.

De igual forma, denunciaron la negligencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien ha evadido su responsabilidad en la aprobación de siembras de transgénicos en México, aun cuando de acuerdo con la ley tiene la facultad de enviar un dictamen vinculante a Sagarpa, de forma que esta dependencia puede emitir una resolución en sentido negativo.

Ante el argumento de los graves riesgos medioambientales, económicos y para la salud que representan los transgénicos, las organizaciones hicieron un llamado para que estas áreas del país se decreten "Zona Libre de Transgénicos" y se prohíba definitivamente la siembra de estos cultivos en la región.

Asimismo, anunciaron que realizarán acciones legales conjuntas en diversos estados de la República para revertir los permisos otorgados.

Entre alguna de las razones para estar en contra de los transgénicos está el de poner en riesgo la producción apícola en la península de Yucatán, la más importante del país, la cual el 95 por ciento de la producción de la región se exporta, con un valor aproximado de 400 millones de pesos anuales.

Además de que contaminaría el acuífero peninsular, única fuente de agua yucateca; por el riesgo de contaminación genética y afectación ecológica; porque Monsanto es una empresa que ha demostrado, fehacientemente, carecer de los valores éticos más elementales.

"Es importante recordar que Monsanto, además de representar una de las principales empresas del oligopolio que controla la producción de semillas y agroquímicos a nivel mundial, se ha visto involucrada en un sin fin de escándalos donde ha sido exhibida como una empresa que miente y engaña con el fin de tener el control de la producción de alimentos, a costa de la salud y de la vida de las personas".

Porque se debe priorizar la producción local, en lugar de impulsar los cultivos transgénicos como una solución a los problemas de la producción de alimentos.

De igual forma se requiere mayor inversión del Estado en investigación para el sector agropecuario de dominio público, así como una política de desarrollo científico y tecnológico nacional.

A pesar de los argumentos expuestos anteriormente, los cuales han sido presentados en tiempo y forma al gobierno mexicano por expertos, científicos y agricultores, así como por organizaciones sociales y ambientales, tanto la SAGARPA como la SEMARNAT, han hecho caso omiso de estas preocupaciones y han actuado de forma complaciente y parcial en favor de Monsanto.

Y decidiendo otorgar de manera precipitada esta autorización, que incluye el uso de 13 mil 075 toneladas de semilla, a unos meses de que concluya el sexenio de Felipe Calderón.

"Reiteramos que actuaremos de forma conjunta por la vía legal y política para impedir que intereses económicos amenacen la soberanía alimentaria, la economía nacional, así como la vida y la salud de los ecosistemas y de los mexicanos".

ohj