Amnistía Internacional encuentra preocupante que si bien, la información que circuló a través de Twitter y Facebook pudo no haber sido correcta, la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por cargos de terrorismo y sabotaje son injustos y violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión, declara en un comunicado la organización.

Amnistía Internacional instó a las autoridades del Gobierno de Veracruz que en el caso de las personas detenidas tras sus publicaciones en Twitter y Facebook,que podrían alcanzar hasta 30 años en prisión por los cargos de terrorismo y sabotaje, tengan un juicio imparcial pues consideran los delitos que se les imputa son injustos y violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión.

Señala es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que está tomando para proteger a la población.

"Amnistía Internacional encuentra preocupante que si bien, la información que circuló a través de Twitter y Facebook pudo no haber sido correcta, la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por cargos de terrorismo y sabotaje son injustos y violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión", declara en un comunicado.

Además la organización no gubernamental exige una revisión completa de la conducta de las autoridades estatales en la detención y acusaciones a estas personas.

Llama a que se realicen investigaciones inmediatas e imparciales de las denuncias sobre maltrato y coerción, así como de la negación al acceso a abogados de su elección durante su detención y juicio por la policía judicial y autoridades

Amnistía Internacional recapituló que el pasado 26 de agosto, ambos fueron detenidos por la policía en sus casas en la ciudad de Veracruz. Según las autoridades estatales, ambos habían sido rastreados y arrestados después de que rumores sobre posibles ataques a escuelas locales por grupos criminales circularan a través de las redes sociales un día antes, lo que dio como resultado que padres de familia recogieran a sus niños y varias escuelas cerraran temporalmente.

El gobierno del estado responsabilizó del pánico a la rápida circulación de falsa información y acusó a Bravo y a Martínez Vera de circular la historia en Twitter y Facebook, de terrorismo y sabotaje de acuerdo con el Código Penal de Veracruz.

Las dos personas detenidas fueron transferidas a Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde les mantuvieron incomunicadas por más de 60 horas. Durante el proceso de interrogación, se les puso bajo presión con la finalidad de que en sus declaraciones admitieran ser culpables de circular información falsa y no les permitieron acceso a sus abogados.

En sus últimas declaraciones ante el juez, alegaron maltrato y coacción por parte de las autoridades y manifestaron ser completamente inocentes.

"No existe aparentemente evidencia de que ambos estuvieran involucrados o fueran cómplices en actos de terrorismo o sabotaje, sin embargo el 31 de agosto un juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder con el juicio y requirió que se les mantuviese en custodia", señala Amnistía Internacional.

Señala que en meses recientes ha habido un incremento de violencia en Veracruz, ya que diferentes cárteles compiten por el control de la ciudad. La inseguridad crea un clima de desconfianza, en el cual los rumores que circulan por las redes sociales son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas ya que existe muy poca información fidedigna.

spa